El empleo sigue mostrando señales negativas en la industria petrolera de Argentina. Entre Santa Cruz, Chubut y Neuquén se calculan de 5.000 a 6.000 suspensiones y unos 6.000 despidos en el sector.
Según datos del Ministerio del Trabajo de la Nación, sólo en Neuquén se perdieron en 2016 unos 1.600 empleos que estaban directa o indirectamente vinculados a la producción y exploración de combustibles.
Las Cámaras de Servicios Empresariales neuquinas coinciden con este número. Aseguran que es una consecuencia de los recortes realizados por empresas que debieron ajustar sus planteles por la baja en la actividad. Se trataba de trabajos tanto en pozos como en oficinas administrativas. Otros 1.500 operarios todavía se encuentran cobrando pensiones que representan un 30% de su anterior salario a la espera de que vuelvan las inversiones.
De acuerdo al informe “Explotación de minas y canteras”, durante 2016 el petróleo y el gas perdieron unos 6.000 puestos de trabajo en las principales cuencas del país. En Chubut se vive el caso más dramático, con 3.700 operarios en «estado de latencia» y un número indeterminado de despedidos, pero que algunos cifran en no menos de 1.000 casos entre fines del 2015 y 2016.
Con la caída del precio del barril, de US$ 100 a 46, YPF inició un recorte de hasta el 30% en sus contratos, que se profundizó a lo largo del año pasado. En ese duro 2016, 44 equipos de perforación y explotación dejaron de funcionar en Neuquén ocasionando unos 1.000 desocupados sólo en pozos.
La semana pasada, Guillermo Pereyra, secretario gremial de petroleros, adelantó que a fines este año se podrán en marcha 15 equipos en la Cuenca Neuquina que albergarán a unos 1000 trabajadores. Pero también aclaró que estos puestos serán cubiertos por aquellos que hoy se encuentran en un régimen de emergencia.
Los gremios petroleros de Chubut y Neuquén firmaron un convenio con el Ministerio de Energía, conducido Juan José Aranguren, para flexibilizar las relaciones laborales. En el acuerdo se dejan sin efecto las horas “taxi” (tiempo de transporte entre los hogares y los pozos que engrosaban los salarios) y se establecen condiciones de productividad que aminoren los permisos de parte de los trabajadores. Las empresas se quejaron de que deben pagar más dinero por los constantes reemplazos que provocan la inasistencias.
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