En este nevo año, la energía nuclear está integrada en la taxonomía verde europea. Esta decisión, se tomo durante el verano del año pasado por el Parlamento europeo, implica calificar como verdes las inversiones que las empresas realicen en este sector al contemplarlo necesario durante la transición energética. Por su parte, España y Alemania se oponían, mientras que Francia impulsa este cambio.
Lo que significa, que la energía nuclear para las compañías interesadas ahora pertenece a otro sector, considerado como sostenible y, por lo tanto, aspirante a los beneficios y subvenciones asignadas a apoyar otro tipo de energías, como la solar o la eólica. En este aspecto, el Gobierno francés ya ha informado que tiene intención de prolongar la vida de sus 56 reactores hasta los 60 años y, también, de construir al menos media docena más. Por otra parte, en España no parece que vaya a cambiar nada.
“No cambia el hecho de que no es una energía verde” así lo destacaban fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por dos motivos: que no es una renovable y que su impacto ambiental es considerable. Los mismos, argumentan que la postura actual del Gobierno español es ceñirse al pacto firmado entre el Ejecutivo, Enresa (empresa pública de gestión de residuos nucleares) y las compañías eléctricas que administran los reactores para su cierre. “El calendario se mantiene”, finalizan.
Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, reconoce que “no hay constancia de que el Gobierno quiera apostar por las nucleares más allá de 2035”. Araluce expone que es una energía “segura, da suministro, es competitiva económicamente y no emite CO2. Con todo esto, ¿por qué no seguir adelante?”.
Por lo que, aunque no confirma que las eléctricas que gestionan los reactores – Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP – quieren alargar su vida, Araluce si mantiene que “las compañías dicen que, si pueden funcionar más tiempo, pero que para ello debe ser viable económicamente”. “Las nucleares soportan una fiscalidad de aproximadamente el 50% de los costes y habría que reformarla para garantizar su viabilidad”, persisten.
Este contexto deja una hoja de ruta que empezará en 2027 con el cierre de Almaraz I y finalizará en 2035 con el cierre de Vandellós II y Trillo. Hasta el momento, las únicas inversiones que se plantea el sector en materia de seguridad. “En España, entre las siete invierten unos 200 millones anuales para mantenerlas actualizadas”, expresa Araluce.
De tal modo, una vez cerradas, deberán gestionar los residuos. El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) presente, el sexto, data de 2006 y en 2018 quedó obsoleto al detener el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
Desde ese momento, Enresa ha producido un séptimo PGRR que se aprobará, potencialmente, a mediados de año, por medio del cual propone que cada central guarde el 100% de sus residuos en almacenes individuales (ATI) hasta que en 2073 se asigne la totalidad a un almacén geológico profundo.
El problema con la nueva versión se encuentra en los costes, ya que implica un encarecimiento de 2.125 millones de euros sobre lo pactado en 2019, conforme a cálculos de Enresa. El debate en este caso se centra en quién debe pagar ese sobrecoste, si las eléctricas o el consumidor final.
“Había un plan, firmamos un acuerdo en 2019 con un coste estimado y por eso se actualizó la tasa que pagamos en Enresa, pensando ya en un coste extra, y ahora se nos dice que tenemos un plan más costoso”. “Es un sobrecoste porque no hay consenso, no por nuestra culpa” así lo lamentaba Araluce.
Fuentes de Enresa, sin embargo, recuerdan que, cuando una central cierra, el titular continúa siendo la energética, aunque la gestión de residuos queda cedida a la empresa pública, que debe tratarlos, y eso precisa tiempo y costes. De este modo, fuentes políticas reconocen que lo más viable es una nueva subida de la tasa, que podría encontrarse en un 12%, hasta los 9 euros por megavatio hora.
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