El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha encontrado con un obstáculo inesperado en su intento por implementar una tasa a las empresas energéticas. La falta de apoyo parlamentario ha dejado al descubierto la fragilidad de su estrategia fiscal, generando incertidumbre en el ámbito jurídico y económico. Esta medida, parte de los experimentos del Ejecutivo para aumentar la recaudación y fomentar la transición energética, ha sido recibida con escepticismo y críticas por parte de la oposición y sectores empresariales. La ausencia de consenso político en torno a esta propuesta pone en riesgo su viabilidad y evidencia la dificultad de llevar a cabo reformas fiscales en un contexto de polarización y desconfianza. La inestabilidad generada por esta situación plantea un desafío para el Gobierno en su intento de conciliar intereses divergentes y avanzar en su agenda legislativa.
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