El límite era de 35 años El Gobierno crea un Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre para los puertos, del que podrá beneficiarse el tren de punta Langosteira
El decreto-ley de medidas liberalizadoras aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes incluye la ampliación hasta los 50 años de las concesiones administrativas en los terrenos portuarios, que hasta este momento tenían un límite de 35 años.El cambio es justificado por el Gobierno por el «gran volumen de inversión» que es necesario para mantener la competitividad en el sector logístico, que según su parecer hace necesario un mayor periodo de amortización.
Este cambio puede favorecer la negociación que lleva a cabo la Autoridad Portuaria de A Coruña con numerosos operadores para su instalación en punta Langosteira, ya que muchos de los posibles interesados en posicionarse en la nueva dársena deben hacer frente a cuantiosas inversiones, debido a las características de sus actividades. Repsol, que prevé operar en el puerto exterior antes de 2018, tendrá que destinar 124,6 millones de euros para poder desarrollar allí solo el 60% de sus tráficos, y contará inicialmente con una concesión por 35 años que podrá ampliarse 17 más.
Al no haberse adjudicado por el momento esta concesión, el cambio legislativo aprobado ahora por el Gobierno podría dar lugar a algún cambio en el acuerdo firmado entre Repsol y la Autoridad Portuaria, que cuentan con un comité de seguimiento del desarrollo de ese pacto. El Gobierno ya adelanta en el decreto-ley que permitirá que las actuales concesiones puedan beneficiarse de esta ampliación hasta los 50 años para que no resulten perjudicados con relación a los nuevos solicitantes. Para que pueda aprobarse esta prolongación, el concesionario deberá efectuar una «inversión adicional relevante» en sus instalaciones o contribuir a la financiación de infraestructuras de conexión terrestre del puerto.
Otras empresas que mostraron interés por radicarse en Langosteira también están afectadas por esta modificación legal, como la mexicana Pemex, que expresó su deseo de construir una terminal de combustibles pero cuyo proyecto se ha ralentizado en los últimos meses.
El Gobierno señala que otro de los objetivos de este medida es igualar los plazos máximos de las concesiones españolas con las del resto de puertos europeos con el fin de que las dársenas nacionales estén en las mismas condiciones de competitividad. También destaca el Ejecutivo en el texto del decreto-ley que la urgencia de la puesta en marcha de este cambio está motivada por la «creciente pérdida de competitividad» de los puertos españoles por sus «altos costes», que puede impedir la llegada de nuevas inversiones.
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