En una operación conjunta, agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una red criminal en Madrid y Ávila, responsable de uno de los mayores fraudes de IVA detectados en el comercio de hidrocarburos. La trama habría defraudado cerca de 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024.
La operación ha resultado en la detención de ocho personas, mientras que otras diez han sido declaradas investigadas. A los arrestados se les imputan delitos de blanqueo de capitales, además de tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
Durante los registros, que comenzaron el 2 de diciembre, se incautaron más de 140,000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en más de dos millones de euros, y activos financieros por más de 14 millones. Asimismo, se bloquearon cuentas bancarias con 12.5 millones de euros y se embargaron 60 vehículos de alta gama.
La investigación, iniciada a principios de 2023, reveló que la organización operaba con su propio depósito fiscal, una técnica común en el sector, pero que utilizaba para vender gasolina a precios anormalmente bajos. Esto se lograba incumpliendo sistemáticamente las obligaciones fiscales, especialmente el pago del IVA.
Los investigadores también descubrieron que el entramado tenía una estructura jerárquica, con líderes que manejaban las finanzas y operaciones, mientras que trabajadores y testaferros figuraban en niveles inferiores para eludir responsabilidades fiscales.
Este caso resalta la importancia de la vigilancia en el sector energético, donde el fraude fiscal no solo afecta a las arcas públicas, sino que también distorsiona el mercado, permitiendo a los infractores ofrecer precios por debajo del coste de adquisición legítimo. A largo plazo, estas prácticas pueden impactar negativamente en la competencia y estabilidad del mercado.
La desarticulación de esta red es un paso significativo en la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, subrayando la necesidad de controles rigurosos y colaboración entre agencias para proteger la integridad del mercado y los ingresos fiscales del Estado.
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