Estos últimos días, se esperaba con impaciencia las Declaraciones de Impacto Ambiental. Estas, traían de cabeza al Gobierno central y a las comunidades, por lo que, la Administración se ha visto presionada y ha tenido que aumentar la tramitación de este informe para que las empresas interesadas no perdieran los permisos de acceso y conexión a la red que se adjudicaron en 2020.
Luego, el 25 de abril será la fecha tope para lograr la autorización administrativa previa, por la que tendrán que pasar los promotores de los proyectos renovables. La autorización, concede el derecho a realizar una instalación concreta y en unas determinadas condiciones. Después, con otros tres meses de margen, es decir, hasta el 25 de julio, tienen que conseguir la autorización administrativa de construcción.
Fuentes del sector afirman que los pasos siguientes son “bastante salvables” y que no supondrán tanta desorganización como la obtención de la evaluación de impacto ambiental. La DIA estima la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y establece las condiciones que deben determinarse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales en el transcurso de la ejecución y la explotación de la instalación y, de ser preciso, el cese y desmantelamiento.
No obstante, lo difícil se ubicará en la autorización administrativa de explotación definitiva. Esta se puede prolongar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo, pero desde el sector destacan que aquí es donde se originará el “verdadero cuello de botella”.
También, garantizan que la Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación, por lo que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar ya construidos para finales de 2024 para así cumplir con el plazo. Este paso es el concluyente, una vez ejecutado el proyecto, permite poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación. El plazo necesario para la construcción de una instalación fotovoltaica se encuentra alrededor de los 18 meses, en tanto que para una instalación eólica este plazo se amplia hasta los 24 meses.
Volviendo a los comienzos, fue en diciembre cuando aun quedaban pendientes de tramitación proyectos que incorporaban alrededor de 80.000 megavatios (60.000 solares y 19.000 eólicos) y se pronostica que se haya resuelto el 80% de los informes medioambientales. Regiones como Galicia ya se han tramitado hasta 120 expedientes: 77 declaraciones positivas y 43 desfavorables. A su vez, 20 han quedado sin tramitar. Después, la Comunidad Valenciana ha resuelto 107 expedientes, con un dictamen beneficioso para 61 proyectos.
Endesa o Grenergy, además han transmitido que han recibido un informe ambiental positivo para algunos de sus proyectos. Opdenergy ha logrado el visto bueno medioambiental para un total de 2.320 MW. El Ministerio para la Transición Ecológica ha tramitado proyectos de más de 50 MW, entre tanto las comunidades autónomas se han encargado cuando la capacidad es menor. Fuentes del ministerio afirman que la Transición Ecológica cumpliendo el 100% y ha tasado 201 proyectos, de los cuales 192 se han resuelto con DIA, 170 positivos y 22 negativos. Mientras que 8 expedientes se han clasificado y un expediente se ha cerrado por desistimiento del promotor.
En estos momentos, le toca a la Red Eléctrica informar de cuántos proyectos han perdido el derecho de conexión, en un plazo de un mes. La DIA, un procedimiento con el que el Gobierno procuraba evitar que se especulara con los terrenos próximos a los puntos de conexión, ha sido consecuencia de un atasco burocrático sin precedentes en la Administración española. El Gobierno confirmó en diciembre de 2021 una extensión de plazo sumando 9 meses para su obtención.
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