El Gobierno ha tomado una medida sin precedentes al prohibir la contratación de servicios de luz y gas por teléfono. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica, tiene como objetivo principal aumentar la protección de los consumidores en un mercado que ha sido objeto de críticas por prácticas abusivas.
Según fuentes oficiales, esta decisión se enmarca en un esfuerzo por promover la transparencia y la equidad en el sector energético, garantizando que los consumidores tengan la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre sus contratos de suministro.
Si bien algunos sectores han expresado preocupación por las posibles implicaciones de esta medida en la competitividad del mercado, defensores de los derechos de los consumidores la han recibido con entusiasmo, destacando que esta prohibición contribuirá a evitar posibles engaños y a proteger los intereses de los usuarios.
Se espera que esta medida genere un cambio significativo en la forma en que se contratan los servicios de luz y gas en España, y que sirva como precedente para futuras regulaciones destinadas a fortalecer la protección de los consumidores en el sector energético.
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