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El Gobierno plantea un amplio impuesto a todas las empresas energéticas en lugar de focalizarse en las grandes compañías del sector. Esta medida busca repercutir el gravamen en el beneficio operativo de un mayor número de empresas, en contraposición a la idea inicial de aplicarlo solo a las ventas de las principales compañías como Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola y Naturgy. Este cambio de estrategia ha generado polémica entre los actores del sector energético, quienes argumentan que esta medida afectará la competitividad y el desarrollo de la industria. El impacto de esta decisión en el mercado aún es incierto, pero se espera que genere un intenso debate en los próximos días.
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