La presión inmobiliaria en nuestro país alcanza niveles alarmantes, con un incremento del 20% en el precio de los alquileres que afecta directamente a miles de familias. Este desbordamiento de los costos de arrendamiento pone en aprietos a inquilinos que luchan por hacer frente a los gastos mensuales, mientras que los propietarios ven aumentar sus ganancias de manera exponencial.
Ante esta situación, la demanda de viviendas a precios asequibles se convierte en una necesidad urgente, pero la oferta no logra satisfacer las necesidades del mercado. La falta de regulación y control en el sector inmobiliario ha permitido que los precios se disparen de forma desmedida, generando una profunda brecha entre aquellos que pueden acceder a un hogar digno y aquellos que ven cómo se les escapa la posibilidad de tener una vivienda propia.
Las autoridades deben tomar medidas concretas para frenar esta escalada descontrolada de los precios de alquiler, protegiendo así el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Es imperativo establecer políticas que regulen el mercado inmobiliario y que garanticen una oferta de viviendas a precios justos y accesibles para la población en general. La solución a esta crisis inmobiliaria no puede esperar, es necesario actuar de manera urgente para evitar que la tensión inmobiliaria siga desbocándose y afectando a la estabilidad económica y social del país.
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