En respuesta a la disminución de ingresos y el riesgo de apagones, el Ministerio de Transición Ecológica solicita a la Comisión Europea la aprobación de un mecanismo de pagos por capacidad. La propuesta busca asegurar la continuidad operativa de las centrales de ciclo combinado frente al auge de las energías renovables, marcando un paso crucial en la agenda española para garantizar la seguridad del suministro eléctrico y cumplir con los objetivos de transición energética.
El Ministerio de Transición Ecológica ha solicitado a la Comisión Europea la autorización para establecer un mecanismo de pagos por capacidad. Este sistema tiene como objetivo permitir al Gobierno recuperar subsidios destinados a centrales de ciclo combinado, asegurando su continuidad operativa frente a la disminución de ingresos provocada por la creciente presencia de energías renovables.
El riesgo de apagones en España se intensificaría si se cerraran 9 GW de centrales de gas, lo cual representa aproximadamente un tercio de la capacidad existente. Este escenario fue señalado en un informe de Entsoe, la asociación de transportistas de electricidad europeos, con datos proporcionados por Red Eléctrica.
A pesar de mantener el silencio administrativo durante años para evitar estos cierres, el Tribunal Supremo recientemente confirmó la posibilidad de cerrar cinco plantas a Naturgy, y se espera que se aprueben otras en las próximas semanas. Con el fin de evitar estos cierres y cumplir con las metas del Plan Nacional de Energía y Clima, el Gobierno presentó un borrador de orden ministerial en 2021 que regulaba la implementación de pagos por capacidad.
La crisis energética había dejado este proyecto en espera, pero la presión sobre la seguridad del suministro ha aumentado nuevamente debido a la disminución de ingresos en las centrales de ciclo combinado. En un «Plan de Implementación» enviado a la Comisión Europea, el Ministerio de Transición Ecológica reconoce abiertamente el riesgo de apagones, señalando que la disponibilidad actual de recursos de generación es insuficiente para cubrir las necesidades eléctricas en España.
El Gobierno justifica la necesidad de estos mecanismos debido al bajo nivel de interconexión con los vecinos y la falta de capacidad de almacenamiento. La Unión Europea ha abierto un proceso de consulta pública sobre este Mercado de Capacidad en respuesta a la solicitud española, que permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre.
En el documento enviado a Bruselas, el Gobierno explica que, en la actualidad, solo siguen en vigor los pagos del servicio de incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo comprometidos con ciertas centrales eléctricas. Más allá de 2023, esta tendencia a la baja continuará hasta que en 2035 ya no queden instalaciones que puedan cobrar este incentivo.
El mes de noviembre se está convirtiendo en una pesadilla para los ciclos combinados, ya que el 61,6% de la electricidad española producida del 1 al 20 de noviembre fue renovable. Ante este panorama, el Gobierno contempla medidas adicionales, como la agregación de la demanda en 2024 y modificaciones en los límites de los valores transitorios del mercado mayorista de electricidad.
El Gobierno también prevé rechazar la regulación de los precios de escasez propuesta por la Comisión Europea para situaciones de crisis, argumentando que no resolvería el problema de garantizar el suministro ante el cierre de ciclos combinados.
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