El Gobierno español respira aliviado tras recibir el respaldo de la Comisión Europea en su decisión de no pagar el 90% de los laudos renovables perdidos en arbitrajes contra inversores comunitarios. Esta postura, que ha generado controversia en el sector energético, supondría un ahorro significativo de 1.347 millones de euros para las arcas públicas.
Las autoridades españolas sostienen que no pagar estos laudos perdidos es una medida necesaria para proteger los intereses del país y evitar un impacto económico negativo. Sin embargo, esta decisión ha generado críticas por parte de algunos sectores que consideran que podría sentar un precedente peligroso en materia de seguridad jurídica y relaciones comerciales internacionales.
A pesar de las dudas y las críticas, el Gobierno mantiene su postura firme y confía en que la decisión de no pagar la mayoría de los laudos renovables perdidos sea finalmente ratificada, permitiendo así un alivio económico importante en un momento de incertidumbre y retos para la economía española.
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