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España enfrenta una factura millonaria debido a los laudos de las renovables, que ya supera los 2.000 millones de euros. Las resoluciones arbitrales emitidas hasta el momento suman indemnizaciones por más de 1.750 millones de euros, a las que se deben añadir los intereses de demora y las condenas en costas. Este escenario representa un duro golpe para las arcas del país, que se ve obligado a hacer frente a estas cuantiosas compensaciones. La situación pone de manifiesto la importancia de revisar y mejorar las políticas energéticas para evitar conflictos legales y costosos en el futuro.