La aplicación del Decreto 1668 del 2016 desató en la última semana acciones de saboteo y bloqueos en los campos Castilla y La Cira de la petrolera Ecopetrol, por parte de líderes de varias juntas de acción comunal quienes están en desacuerdo con el contenido de su articulado.
La norma, expedida por los ministerios de Trabajo, y Minas y Energía, el pasado 21 de octubre, le quita, de forma tácita, a las juntas de acción comunal de los municipios donde exista operación de hidrocarburos, toda diligencia o trámite ante las compañías petroleras para ofrecer mano de obra local.
En su remplazo, los citados ministerios designan a través del decreto al Servicio Público de Empleo, entidad del Estado, para que de forma directa sea el que tramite la vinculación de personal para los campos petrolíferos.
“El proceso de priorización de contratación de mano de obra local se realizará a través de los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo que tengan autorizada la oferta presencial en el lugar donde se esté desarrollando el proyecto”, señala uno de los apartes del referido decreto.
A renglón seguido, el articulado precisa que las convocatorias se realizaran de acuerdo al número de vacantes si es justificada la ausencia de oferentes, y que los cargos se ofrecerán a través de la colocación de empleo “y las constituidas por Cajas de Compensación Familiar que tengan competencia en el municipio donde se desarrolle el proyecto…”.
“El contenido de esta norma promueve una contratación laboral directa, transparente y gratuita, y en el que todos los aspirantes pueden acceder en igualdad de condiciones a ocupar un cargo siempre y cuando cumplan con los requisitos del perfil profesional y certifiquen que viven en el municipio donde se desarrolle la operación”, señaló un vocero de Ecopetrol.
Aclaró el ejecutivo de la petrolera, que antes de la entrada del Decreto 1668, la selección de personal la realizaban las juntas de acción comunal de los municipios, que como intermediarios presentaban las hojas de vida de los aspirantes y a quienes se les cobraba una comisión de hasta el 15%.
La compañía anunció que dejó de producir 21.000 barriles diarios y que detuvo la producción de 92 pozos de los 503 activos, siendo afectados además 368 pozos, lo que supone una perdida de los $6.000 millones.
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