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La Unión Europea ha dado un giro en el caso de los laudos renovables que afectan a España, abriendo la posibilidad de que el país ahorre más de 1.000 millones de euros. La Comisión Europea ha determinado que uno de los laudos que obligaba a España a indemnizar a inversores europeos constituye una ayuda de Estado, lo que prohíbe el pago de dicha indemnización. Esta decisión marca un precedente importante en la relación entre la UE y los estados miembros en materia de energías renovables. La resolución de la Comisión Europea supone un alivio para las arcas del país, que ahora podrá evitar un desembolso millonario en compensaciones a inversores extranjeros.