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El Congreso aprobó la polémica reforma fiscal con la introducción de un nuevo impuesto sobre la energía y el endurecimiento de las tasas bancarias. El Gobierno logró desbloquear el grueso del paquete tributario comprometiéndose a consensuar con el bloque de investidura un tributo energético que no afecte la descarbonización, o en su defecto, prorrogar el impuesto actual si no se llega a un acuerdo antes de fin de año. Este paso ha generado controversia en el ámbito político y económico, ya que se espera que estas medidas tengan un impacto significativo en diversos sectores de la sociedad. La incertidumbre sobre la implementación y repercusiones de este impuesto energético marcarán la agenda política en los próximos meses.
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