Repsol, la compañía energética líder, ha presentado una demanda por 197,5 millones de dólares contra Fratelli D’Amico Armatori, propietaria del buque Mare Doricum, responsabilizándola por un derrame de petróleo ocurrido en Perú en 2022. El incidente, que tuvo lugar en la refinería La Pampilla, ha desencadenado una serie de litigios, incluyendo una demanda contra Repsol por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú.
La refinería La Pampilla, subsidiaria de Repsol en Perú, ha iniciado una batalla legal contra Fratelli D’Amico Armatori, la propietaria del buque Mare Doricum, exigiendo una indemnización de 197,5 millones de dólares por un derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, Perú, en 2022. Según Repsol, el movimiento descontrolado del buque durante una descarga causó la rotura de una instalación submarina, resultando en la fuga de crudo al mar.
La multinacional española sostiene que todas las pruebas periciales respaldan su reclamo y que la responsabilidad recae en la empresa propietaria del buque. A pesar de haber asumido más de 300 millones de dólares en gastos relacionados con la limpieza y compensación por el derrame, La Pampilla afirma haber soportado estas cargas sola.
Fratelli D’Amico Armatori ha presentado una solicitud de conciliación extrajudicial, mientras que Repsol se prepara para ejercer todas las acciones correspondientes para asegurar una compensación total por los daños sufridos. Sin embargo, la situación se ha complicado con demandas adicionales, incluida una presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, que busca una compensación de 4.500 millones de dólares.
A pesar de las medidas de mitigación implementadas por Repsol y las autoridades peruanas, la disputa legal continúa, con reclamos y contra-demandas que podrían prolongarse en el tiempo. La empresa ha expresado confianza en que la justicia peruana desestimará las demandas en su contra, mientras enfrenta nuevos desafíos legales en jurisdicciones extranjeras, como una demanda reciente presentada en los Países Bajos por la organización Stichting Environment and Fundamental Rights.
0
0