La Paz, 11 de febrero de 2026. El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, ha presentado una denuncia penal contra el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por presuntas irregularidades en contratos relacionados con la compra de petróleo crudo y combustibles. Lara acusa a Akly de sobreprecio en estos contratos, lo que habría afectado económicamente al Estado.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Departamental de La Paz, donde Lara solicita una investigación exhaustiva sobre los contratos firmados con la empresa Trafigura. Según el vicepresidente, estos contratos habrían generado un sobrecosto de 12 millones de dólares, perjudicando las arcas del Estado.
«Se ha conocido que el presidente de Yacimientos ha firmado contratos con la empresa Trafigura que presentan irregularidades, incluyendo un sobreprecio de cuatro millones de dólares, además de otros ocho millones que se habrían robado al país», afirmó Lara en declaraciones a los medios.
El vicepresidente exigió que el presidente de YPFB devuelva el dinero y asuma las consecuencias legales. Además, instó al presidente Rodrigo Paz a tomar medidas decisivas para abordar la situación.
Por su parte, YPFB emitió un comunicado defendiendo la transparencia de sus contratos y asegurando que cada adquisición se realiza de manera responsable y ajustada a la legalidad vigente.
El caso salió a la luz tras una solicitud del diputado Carlos Alarcón, quien pidió al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Medinaceli, que explicara las condiciones de los contratos con Trafigura.
La relación entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara ha sido tensa desde el inicio de su mandato, con Lara acusando al gobierno de marginarlo y criticando su gestión. Recientemente, Paz aprobó un decreto que permite al gobierno manejar instrumentos digitales desde el extranjero, lo que Lara considera innecesario.
El vicepresidente ha sido una figura controvertida, habiendo acusado previamente a Paz de corrupción, aunque luego se retractó de sus declaraciones.
El futuro de esta denuncia podría tener implicaciones significativas para el gobierno boliviano, ya que la corrupción es un tema sensible en el país. La investigación podría llevar a cambios en la administración de YPFB y afectar la relación entre las principales figuras políticas del país.
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