Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, ha creado una nueva unidad dentro del Ministerio de Transición Ecológica para tramitar la “ingente” cantidad de proyectos de energías renovables que, después de obtener en enero una declaración de impacto ambiental positiva tienen ahora solo dos años para cumplir con los diferentes hitos administrativos para estar construidos y conectados a la red previamente a junio de 2025.
El martes 28 de febrero, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una Orden de Ribera, por la que se genera la División de Proyectos de Energía Eléctrica que precisará de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado de Energía.
Ésta, se ocupará del acompañamiento de todos los pasos administrativos y autorizaciones que, en diferente medida, tienen que ir obteniendo los 990 proyectos eólicos y fotovoltaicos que en estos momentos se mantienen abiertos en el Ministerio, es decir, lo que prevén una potencia instalada mayor a 50 megavatios (Mw), que suman una potencia total de 90.000 Mw.
Contando con los proyectos de menor dimensión, en otras palabras, de menos de 50 Mw, cuyo expediente y autorizaciones es competencia para cada comunidad autónoma, el Ministerio eleva a una potencia total de 144.000 megavatios (114 gigavatios) la potencia que agrupan todos los proyectos que en estos momentos tienen permiso y acceso de conexión a la red, el primer paso de un proceso de una decena de pasos, entre ellos autorizaciones de evaluación ambiental o permiso de obras para comenzar su construcción.
La orden relaciona esta cifra con los 45 gigavatios de potencia que ya hay instalada en los parque eólicos y fotovoltaicos que ya están en funcionamiento y señala que los 114 que están en espera de obtener todos los permisos exceden también el objetivo de instalación de renovables que el Gobierno determinó para 2030, 90 gigavatios, que serán revisados al alza en la actualización del Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) que ultima la Transición Ecológica.
El Ministerio en la Orden que ha sido publicada en el BOE durante el martes, reconocía que “el volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de tramitación de los proyectos, lo que ha generado importantes retrasos en los tiempos de tramitación”.
“Se ha multiplicado exponencialmente el número de proyectos de renovables a tramitar sin incrementarse los medios disponibles para su tramitación”, continúa, para así justificar la decisión de destinar más personal cualificado en una nueva unidad, de esta forma se podrían encargar de gestionar toda esta tramitación.
En otros términos, es otra pata de una estrategia para agilizar la implantación de proyectos de renovables, a la vez que se gestionan las modificaciones normativas para remplazar en algunos casos la declaración de impacto ambiental del Ministerio por un estudio sobre afectaciones ambientales compuesto por el promotor.
“Se plantea la necesidad de disponer de una unidad administrativa especifica, con personal funcionario, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, que permita acelerar la tramitación de los proyectos de renovables y contribuir en el corto plazo a una mitigación de los precios de la energía”, determina la Orden, que garantiza que la medida no conllevará un incremento del gasto.
Las competencias de esta nueva Unidad serán la “tramitación de las autorizaciones administrativas previas, de construcción y declaración de utilidad pública” de los proyectos eólicos y fotovoltaicos, así como preparar “pronunciamientos sobre la adecuada constitución de las garantías para la tramitación y solicitud de accesos y conexión de las redes de transporte e instalaciones de producción de energía eléctrica en el ámbito de la Administración General del Estado”.
Además, coordinará las diferentes áreas del Gobierno en materia de infraestructuras e instalaciones de energía eléctrica y conducirá el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica.
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