La reciente publicación de la lista de proyectos de almacenamiento conectado a fuentes renovables, financiados con 150 millones de euros de fondos NextGenEU, genera polémica al favorecer baterías de ion-litio, mayormente provenientes de fabricantes no europeos, principalmente chinos. Expertos cuestionan la exclusión de tecnologías autóctonas, como el almacenamiento en hormigón, y advierten sobre la persistente dependencia de China en un sector estratégico para la transición energética.
Después de los dos puntos, se menciona que la lista de proyectos de almacenamiento conectado a instalaciones de generación renovable, financiados con fondos NextGenEU, destaca por la presencia de baterías electroquímicas de ion-litio, en su mayoría provenientes de fabricantes no europeos, principalmente chinos. Se critica esta elección, argumentando que hay proyectos con tecnologías autóctonas que se descartan, lo cual favorece una industria que mantiene la dependencia de China.
En lugar de explorar tecnologías alternativas de almacenamiento de energía, como el aire comprimido, las baterías de vanadio redox, hierro o sodio, pilas de zinc, volantes de inercia, y sistemas de almacenamiento térmico, la selección se centra en las baterías de ion-litio. Se señala que estas alternativas, como el almacenamiento en hormigón, que ofrece mayor durabilidad y fabricación 100% española y europea, no han recibido ayudas, lo que penaliza a las centrales termosolares y a la fabricación local.
La falta de apoyo a estas alternativas no solo afecta a la industria nacional, sino que también incentiva la continuidad de la dependencia de fabricantes en China. A pesar de que el título de la convocatoria sugiere un enfoque en proyectos innovadores, las baterías de ion-litio, consideradas una tecnología madura, no cumplirían con ese criterio de innovación, según algunas voces críticas.
Aunque se destaca que los proyectos seleccionados recibirán financiamiento para avanzar en el almacenamiento renovable, se cuestiona la falta de especificidad por parte del IDAE sobre el porcentaje de presupuesto asignado a empresas con proveedores o contratas no españolas o europeas, lo que plantea dudas sobre la contribución real al impulso de la industria local y europea.
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