El sector de los carburantes ha escalado a lo más alto de la lista de grandes morosos con la Agencia Tributaria, superando incluso al históricamente señalado sector de la construcción. Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, numerosas empresas distribuidoras de combustibles han acumulado deudas millonarias en los últimos años, consolidando un modelo de operación opaco basado en empresas pantalla, redes interpuestas y el uso masivo de depósitos fiscales para eludir el pago de impuestos.
Compañías como Metaway Combustibles, Vertix Petroleum o Marillion SLU figuran en el listado oficial con pasivos fiscales que oscilan entre los 25 y 90 millones de euros cada una. Estas sociedades, muchas de ellas sin infraestructura propia ni actividad operativa real, han sido utilizadas para crear entramados artificiales de compraventa de carburantes sin declaración efectiva del IVA. Se calcula que el impacto de esta práctica en la recaudación estatal podría alcanzar 1.200 millones de euros anuales.
El modelo más común consiste en la importación o adquisición de carburantes exentos de impuestos a través de depósitos fiscales bajo diferentes razones sociales. Posteriormente, el carburante es vendido en el mercado minorista sin declarar el IVA repercutido, lo que permite ofrecer precios más bajos que los operadores legales, generando una competencia desleal devastadora.
Desde la Asociación Española de Operadores Petrolíferos (AOP) se exige una reforma urgente del sistema de depósitos fiscales y un control más estricto del uso de empresas interpuestas. Los principales operadores del mercado, que sí cumplen con las obligaciones tributarias y medioambientales, alertan de que esta situación erosiona la confianza en el sector y favorece a los defraudadores.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha iniciado campañas de inspección y bloqueo de operaciones sospechosas, pero reconoce que los mecanismos actuales no son suficientes para frenar un fenómeno que se ha sofisticado a gran velocidad.
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