A pesar de los compromisos del Acuerdo de París, las subvenciones a los combustibles fósiles han crecido un 50%, alcanzando 6,5 billones de euros en 2022. Esto plantea un desafío significativo en la lucha contra el cambio climático, ya que el dinero público destinado a mantener los combustibles fósiles en funcionamiento agrava el problema del calentamiento global y sus impactos devastadores. Expertos instan a repensar estas políticas y a establecer medidas justas que promuevan una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.
El cambio climático en España se manifiesta de manera evidente a través de una serie de fenómenos extremos, como el calor extremo, la devastación causada por las tormentas, las lluvias torrenciales y los incendios incontrolables. Estos eventos son la manifestación palpable de un planeta que se está calentando, principalmente debido a la emisión de gases derivados de la quema de petróleo, gas y carbón. Sorprendentemente, a pesar del Acuerdo de París destinado a contener la crisis climática, las subvenciones a los combustibles fósiles han aumentado en lugar de disminuir, creciendo un 50% y alcanzando 6,5 billones de euros en 2022.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) informa que este aumento récord se debe al apoyo gubernamental a consumidores y empresas durante la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania y la recuperación económica tras la pandemia de la Covid-19. España contribuyó con más de 24.000 millones de euros a este gasto. Esto es preocupante porque en el año del Acuerdo de París en 2015, las subvenciones a los combustibles fósiles ascendieron a 4,2 billones de euros con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C o 2°C como máximo para fines de siglo. La causa principal de este calentamiento es la emisión de gases de efecto invernadero, y la fuente principal son los combustibles fósiles.
Siete años después, en 2022, los gobiernos han destinado un 50% más de dinero para respaldar el consumo de estos combustibles, y el FMI estima que este gasto equivale al 7,1% del producto interno bruto global, superando lo invertido en educación y gran parte del gasto en salud.
La escalada bélica en Ucrania ha llevado a un aumento en la inversión en combustibles fósiles, en lugar de una disminución, como se esperaba después del Acuerdo de París. Esto incluye la compra de gas proveniente del fracking por parte de España. Además, gran parte de estas ayudas son implícitas, ya que los costos ambientales no se reflejan en el precio de los combustibles, especialmente en el caso del carbón y el gasóleo.
En el mismo período, las emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso de combustibles fósiles no han disminuido, sino que han aumentado de algo más de 30 gigatoneladas a casi 37 gigatoneladas.
La necesidad de repensar estas políticas es evidente, ya que el dinero público destinado a mantener el uso de combustibles fósiles agrava el problema del calentamiento global y sus impactos, mientras que parte de estos fondos podría utilizarse para fomentar la transición hacia fuentes de energía más limpias y apoyar a los grupos más vulnerables.
El informe del Banco Mundial sugiere que el dinero público se gasta de manera ineficiente, y que sería más beneficioso utilizarlo para abordar el cambio climático. Además, la London School of Economics destaca que la eliminación de subsidios perjudiciales para el medio ambiente podría proporcionar una solución inmediata y una fuente de financiación significativa para la adaptación al cambio climático.
Para tomar decisiones efectivas, es esencial considerar la dimensión social y garantizar que las tarifas y políticas sean justas y tengan en cuenta las diferencias de ingresos. Además, es urgente eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y promover políticas que pongan un precio al carbono para desincentivar el uso intensivo de estos combustibles y fomentar una transición hacia fuentes de energía más sostenibles.
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