“El tope del gas”, al final no es considerado como un tope sino una subvención al gas natural que ya ha tenido varias consecuencias. Entre ellas, el coste de la medida ya supera los 12.000 millones de euros, así informan fuentes del sector. Esa es la cantidad que se ha pagado a las gasistas por la disparidad entre el precio maquillado del Gobierno (lo que denominan como “la excepción ibérica”) y el coste del gas natural real. Esa diferencia la pagamos todos los ciudadanos en la factura, pero camuflada en el IPC al traspasarle el coste a todos los consumidores hasta a aquellos que tenían contrato a precio fijo.
El coste total esperado del mecanismo a lo largo de su aplicación (hasta junio 2023) es de 12.000 millones de euros contra los 4.300 millones de euros que se consideraban inicialmente, según el sector. Las rentas enviadas a otros países (Francia, Marruecos, Portugal) rebasan los 1.500 millones de euros y ha ascendido un cargo a contratos que eran fijos y no se veían influidos por las subidas de 80 euros el megavatio hora, añadiendo los PPAs renovables.
La decisión del Gobierno ha sido encubrir la tarifa regulada y pasar el coste de la medida a todos los consumidores, pese a que hubieran contratado un precio fijo con la comercializadora. Es la evidencia de la penalización a los que han sido precavidos con un solo objetivos: disfrazar el IPC.
De esta manera, como en el IPC el Instituto Nacional de Estadística solo emplea la tarifa reguladora (PVPC) aparece una “caída” colosal del componente de la electricidad. Así, el 65% de los consumidores, más de 19 millones, han visto crecer su tarifa más de un 20% con la llamada subvención “tope del gas”.
Por otro lado, un estudio de CaixaBank, refleja que el recibo mediano del mercado regulado en el promedio de enero a octubre se ha incrementado en un 1%. La tarifa regulada de España es la única de Europa que está unida al mercado diario y, por lo tanto, es la más volátil.
El importe del recibo mediano en el mercado regulado crecía un 32% interanual en 2021, mientras que en el mercado libre descendía en un 14%, así se disponía en el estudio realizado por la Caixa Bank.
Por lo que, al final el mensaje del Gobierno es contradictorio a los hechos reflejados en las diferentes facturas, donde se observa que en los dos últimos años los clientes de tarifa regulada acumulan una subida promedio del 46%, a la vez que los del mercado libre han sufrido una subida del 6% debido al “tope” del 20% en 2022. El INE posiblemente podría haber hecho una nota que reflejase que el IPC, desde la implementación del tope del gas, añade un cambio metodológico que genera distorsiones.
Al final, el IPC no deja de ser un indicador estadístico de variación interanual de una cesta de precios. Si a dos de esos precios, hidrocarburos y electricidad, les añado una subvención que cobro por otro lado, la variación del IPC parece ostentosa, pero la realidad es que al final el usuario paga más.
La subvención al gas en la tarifa y la subvención a la gasolina en más impuestos y deudas. Al calcular el IPC anteriormente y posteriormente de este subterfugio intervencionista sin adaptarlo, da a entender que ha reducido la inflación, pero en realidad las tarifas no muestran esa evolución interanual.
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