El próximo 25 de enero acaba el plazo para conceder los permisos con el fin de llevar a cabo los proyectos de renovables, aunque debido al atasco administrativo El Ministerio de Transición Ecológica prepara una vía de escape.
España está infringiendo los objetivos pactados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y dar carpetazo a una gran parte de proyectos que llevan años en curso, lo que conllevaría un golpe en la línea de flotación de la transición energética y la pérdida de una inversión próxima a los 40.000 millones de euros.
Para evadirlo, el Ejecutivo está dispuesto a darse a sí mismo y a las comunidades autónomas un mayor plazo para agilizar la concesión de las autorizaciones a las plantas que sí han conseguido presentar la documentación en tiempo y forma, y que además son más propensos a solicitar una demanda por daño patrimonial si acaban perdiendo los derechos al punto de acceso.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quiere poner coto a la especulación en los procesos de venta de permisos de acceso y conexión de las renovables. También, está dispuesta a que caduquen todos aquellos que no han sido capaces de presentar los papeles, pero, igualmente, tratar de evitar que se pierda todo el trabajo hecho tanto por empresas como por la administración en el resto de proyectos.
A fin de alcanzarlo, según fuentes consultadas, el Ministerio aprovechará el artículo 39.3 de la Ley de Procedimiento administrativo para posibilitar de manera excepcional una aprobación retroactiva.
La nueva pregunta es qué quiere decir lo mencionado, las declaraciones de impacto ambiental que se notifiquen durante el mes de febrero y produzcan efectos desde el 25 de enero o previamente impedirán que se declare la nulidad del permiso de acceso y conexión. De esta forma, las administraciones alcanzarán casi un mes más para avanzar en los expedientes pendientes después de haber otorgado ya una prórroga de un año.
El problema apareció ante la falta de recursos de la administración para atender la avalancha de proyectos que tenía sobre la mesa. Las comunidades autónomas y el Gobierno central no eran capaces de contestar en el plazo indicado, ni las autorizaciones administrativas previas, ni a las autorizaciones de construcción, lo que ha generado un gran retraso en los proyectos de renovables que terminado en un menor ritmo de instalación de renovables durante el 2022.
En 2021, concretamente en noviembre, de los 140.000 MW renovables que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental, unos 60.000 MW ni aun habían hecho posible incidir en el trámite de información pública (paso previo a obtener la DIA -el segundo hito-). Frente a estas circunstancias, el Gobierno decidió conceder una prórroga de un año con la intención de que se apresurar y desde ese momento han trabajado para acelerar la concesión de los permisos.
La caducidad de los permisos de acceso y conexión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1183/2020, implicaría la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución, conforme aplique en cada caso.
Dicha cantidad, supondría avales entre 3.000 y 4.800 millones de euros. Sin embargo, el órgano competente podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada de la caducidad de los permisos de acceso y de conexión viene motivada porque un informe o resolución de una administración pública privé dicha construcción, y de esta manera fuera solicitado por este.
Es por lo que, la Red Eléctrica tendrá hasta el 25 de febrero para poder evaluar los permisos de acceso que caducan y se espera que una cantidad significativa se pueda reducir. Pero, hay comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Galicia donde se sostienen importantes retrasos y se espera que puedan decaer una gran cantidad de proyectos.
En el sector existe adicionalmente la preocupación por el creciente número de declaraciones de impacto ambiental negativas. Para las empresas esta tramitación siempre ha sido siempre un proceso negociado donde se podían efectuar reformas y ahora valoran que están aumentando los rechazos para acelerar los expedientes. En estos casos, exponen que es mucho peor ya que es más complicado revertir el rechazo de una DIA que la propia desaparición del permiso de acceso que podría resolverse después con los concursos que tendrá que convocar el Gobierno.
En vista de los nuevos permisos, otorgados desde la fecha de entrega en vigor del Real Decreto-ley 23/2020, los plazos se calculan desde la obtención de los permisos de acceso. Con carácter excepcional, para los permisos de acceso concedidos para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo, los plazos anteriores se podrán ampliar a la solicitud del titular sin que en ningún caso el plazo total de vigencia de los permisos supere los siete años.
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