La Comisión Europea ha señalado a España, solicitando un ajuste del 0,7% del PIB en 2024, lo que equivale a 9.700 millones de euros. Las medidas impactarán en sectores clave como el transporte y la energía, generando debate sobre la disciplina fiscal y el futuro económico del país.
La Comisión Europea está preparando el terreno para reintroducir la disciplina fiscal, solicitando esfuerzos en términos de gasto público a los países de la eurozona. Esta semana, la Comisión señaló a España, instándola a realizar un ajuste del 0,7% del PIB en 2024, equivalente a aproximadamente 9.700 millones de euros, en caso de que supere el límite de gasto del 2,6%. La Unión Europea ha atribuido directamente este ajuste a las medidas energéticas que implican un gasto de 8.000 millones. Además, la no prórroga de ayudas y bonificaciones en el transporte podría reducir el gasto público en otros 1.600 millones, prácticamente cubriendo el ajuste solicitado por la Comisión Europea.
En detalle, las ayudas y descuentos en el transporte público, como Renfe y Rodalies, así como la línea de autobús estatal, suman 660 millones. El transporte autonómico y estatal representa otros 326,5 millones. Se estima que las ayudas al carburante para profesionales, con un aumento de 20 céntimos hasta marzo y 10 céntimos hasta junio, totalizarán 240 millones. El transporte en autobús y tren para jóvenes este verano añade otros 170 millones. La subida limitada del 4% en los peajes de las autopistas implica 23,3 millones, y el real decreto aprobado en diciembre incluye una línea de ayudas directas al sector por valor de 450 millones.
Para cumplir con el objetivo de reducción del gasto público, la Comisión Europea propone comenzar con medidas más específicas y generalizadas, siguiendo recomendaciones previas, como las del Banco de España, para reducir la carga económica de estas partidas en las cuentas públicas.
Desde el Ministerio de Transporte explican que estas medidas representan gastos aplicados al ejercicio de 2023 y se presupone que no se prorrogarán para 2024. Dado que no están presupuestadas para el próximo año, este gasto no se contabilizaría como déficit estructural en 2024, en línea con la vuelta a la disciplina fiscal marcada por la Comisión Europea.
En cuanto a las ayudas energéticas, la Comisión Europea aboga por retirar todas las medidas de apoyo energético, excepto el impuesto a los beneficios de las empresas energéticas, ya que generan ingresos para las arcas públicas. Aunque España aún no ha anunciado sus intenciones al respecto, la ministra Teresa Ribera sugiere la posibilidad de «repensar» dónde se pueden hacer recortes.
La Comisión Europea evaluará a España en función de su capacidad para ajustarse al aumento del gasto del 2,6%, considerando los niveles de deuda y déficit del país. El objetivo es estabilizar la deuda a medio plazo, llevando el déficit al 3% y reduciendo la deuda pública. Los profesionales del sector del transporte por carretera ya anticipan que la bonificación del combustible se eliminará, generando preocupaciones sobre los costos operativos y sugiriendo posibles ajustes en el sector.
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