La Xunta mantiene su tributo a los carburantes pese al impacto en el transporte gallego y la perdida de competitividad ante sus vecinos.
Los propietarios de las estaciones de servicio de Lugo y Ourense que lindan con Castilla y León tiemblan ante lo que se les puede venir encima desde el 1 de enero. A partir de entonces, esa comunidad vecina (gobernada también por el PP) suprimirá totalmente el tramo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos( Céntimo sanitario ), mientras que la Xunta de Galicia seguirá gravando con el tipo máximo de 4,8 céntimos (IVA aparte) el litro de combustible. Y los transportistas que realizan las rutas hacia el centro de la península ya han avisado de que repostarán fuera de Galicia para ahorrarse un mínimo de seis céntimos por litro (o 72 euros si llenan un depósito de 1.200 litros), pese a que estos profesionales tienen derecho a recuperar el 100 % del impuesto, aunque una media de cinco meses después de pedirlo.
Desde la asociación de estaciones de servicio de la provincia de A Coruña, opinan que la supresión del céntimo sanitario en Castilla y León y su mantenimiento en Galicia produzca aquí un bajón del consumo de carburantes, aunque «es difícil cuantificar cuánto lo hará». El gremio ya le hizo saber a la Xunta hace unos meses este posible impacto, pero «prefiere recaudar».
Las estaciones más afectadas serán las situadas en zonas rurales próximas a la frontera que en su mayoría pertenecen a particulares, no a las grandes petroleras. Calcula que son el 50 % de las 600 gasolineras que salpican la comunidad las que verán cómo pasan de largo los transportistas camino de las estaciones de Castilla y León. El vocal de la asociación provincial advierte de que ya se han producido cierres de negocios por falta de rentabilidad y de que el peligro de que esto siga ocurriendo se acrecentará a partir de enero.
El gremio de gasolineros, como las federaciones de transportistas, abogan por una unificación impositiva sobre los carburantes en todas las comunidades para acabar con «estas fronteras artificiales», en palabras de García.
El impuesto en Galicia
Pero la Xunta se mantiene firme y ajena a las presiones de transportistas y gasolineros y acaba de aprobar, dentro de los presupuestos autonómicos para el 2016, la prórroga del tramo autonómico del impuesto. Con él calcula recaudar 86 millones. Fuentes de la Administración autonómica explicaron que el tipo que grava los combustibles es el mismo que impera en el 70 % de España (no lo cobran Castilla y León, Cantabria, País Vasco y La Rioja, y Aragón, Navarra y Madrid aplican tipos inferiores). Además, esas mismas fuentes añadieron que este tributo no es el culpable de que en Galicia se vendan los carburantes más caros de España, y, de hecho, aseguraron que el precio del gasoil en la comunidad seguiría estando muy alto aun sin ese gravamen por la falta de competencia entre operadores y distribuidores.
Y resaltaron que, antes de impuestos, el combustible en Galicia es un 3,34 % más caro que la media española y un 7 % que en Cataluña o Murcia, comunidades con una tributación idéntica. Esto ocurre, insiste la Xunta, por la «falta de competencia en el sector» y a pesar de que en Galicia está una de las seis refinerías de Repsol en España.
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