Teresa Ribera quiere poner fin a los fraudes en el petróleo presionando a los mayoristas

Teresa Ribera quiere poner fin a los fraudes en el petróleo presionando a los mayoristas

El jueves pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica, expuso a información pública un real decreto para trasponer la normativa europea sobre reservas de hidrocarburos que implicará un antes y un después en los fraudes en la venta mayorista de productos petrolíferos en España.

La gran novedad de la norma, es la responsabilidad que esta impone a los operadores al por mayor de aportar una garantía de tres millones de euros para atar en corto a la piratería del sector, que en el terreno fiscal se interpreta en un fraude en el IVA de unos 300 millones de euros, a los que hay que sumar otros 90 millones por el quebrantamiento de la normativa sobre biocarburantes, según la memoria económica del RD.

Hoy por hoy, en España están registradas 92 empresas mayoristas, por lo que la exigencia de avales aumentaría a 276 millones de euros, conforme a la memoria económica del real decreto. Muchos de esos operadores son cooperativas agrícolas, aunque, de acuerdo con fuentes políticas, los fraudes no se detectan entre ellas ni entre las grandes petroleras, sino entre empresas-chiringuito que, después de cometerlos, cierran y vuelven a abrir a los pocos meses.

En realidad, las principales compañías del sector, como Repsol, Cepsa o BP, vienen exigiendo desde hace años la imposición de estos avales disuasorios “como la mejor manera de combatir el fraude”, destacan. Desde 2009, no se precisa la autorización administrativa previa para practicar como operador mayorista, sino que basta para ello una declaración responsable de alguna sociedad mercantil, acreditando que tiene capacidad legal, técnica y financiera.

El fraude en el IVA se origina en la apropiación de las cuotas de este impuesto que los operadores deben ingresas por sus ventas de hidrocarburos a distribuidores minoristas, es decir, gasolineras. Los mayoristas consiguen el carburante sin soportar el IVA y después, lo venden a estaciones de servicio, a las que se lo repercuten, sin embargo, no lo ingresan a Hacienda.

El legislador piensa que estos operadores igualmente ejercen una competencia desleal, “dado que pueden vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecen los que sí cumplen las obligaciones tributarias”.

Aunque, las malas prácticas no solo se encuentran en el ámbito fiscal. Muchos de estos operadores no respetan la normativa sobre mezcla de biocarburantes, lo que se traduce en un problema medioambiental, al no agregar, como exige la ley, el biocarburante en el combustible fósil que vende, con lo que se ahorra la disparidad de precio que hay entre uno y otro.

En este caso, los cálculos apuntan a un fraude de unos 90 millones, de acuerdo con el importe inconcluso de aportar al fondo de pagos compensatorios por los sujetos que no han alcanzado al objetivo de biocarburantes.  

Otra conducta, detectada por el ministerio que dirige Teresa Ribera entre mayoristas es el desacato del mantenimiento de las reservas mínimas de seguridad. Los mayoristas, están obligados a proveer un volumen de existencias mínimas igual a 50 días de sus ventas o consumos.

El RD transforma los requisitos y la acreditación para lograr la condición de operador al mayor de productos petrolíferos incorporados en el Estatuto que regula las actividades de distribución de combustibles y carburantes. En la memoria económica se demuestra la necesidad de endurecer las condiciones para ser operador, “a raíz de los continuos incumplimientos observados, no solo de índole económico, sino también en materia de competencia y observancia de las normas tributarias tras la suspensión en 2009 de la autorización administrativa previa”.

Dichos incumplimientos, incorpora, “han llevado a un aumento de prácticas fraudulentas, como se ha puesto de manifestó en los numerosos procesos de inhabilitación llevados a cabo en los últimos años, así como en la desarticulación por parte de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil de distintas tramas de fraude en el IVA y en otros ámbitos, de empresas que operan en este sector”. Y termina que “las herramientas actuales se consideran insuficientes para poder frenar estas actividades”.