El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que los proyectos de energía renovables alcancen la Declaración de Impacto Ambiental, sin embargo, aquellos que no lo logren porque la Administración no les haya dado respuesta no perderán el aval, aunque sí el punto de acceso y conexión a la red. Es decir, los que se encuentren esa situación tendrán que empezar desde cero.
Por consiguiente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha garantizado que al menos los proyectos de más de 50 MW (que son los que tramita la Administración central), obtendrán su respuesta a tiempo, según expresan fuentes del sector empresarial gallego.
“Y desde el Ministerio están presionando a las comunidades autónomas para que hagan lo mismo”, agregan. Lo que ha asegurado a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, en varias ocasiones es que no existirán más prórrogas.
“Hay comunidades autónomas que van especialmente lentas, como Galicia o Cataluña. Lo que no se entiende es que durante meses solo estaban aprobando dos o tres tramitaciones, y este mes ya van por 20, ¿qué es lo que ha cambiado? Que está presionando a los funcionarios para que se pongan a trabajar”, destacan las mismas fuentes.
Por el contrario, otras comunidades autónomas, específicamente, Andalucía, Aragón y Extremadura, no tienen tantos problemas. De hecho, están agilizando estos trámites, al haber activado oficinas aceleradoras desde hace ya unos meses.
Esta situación ya se avistaba hace unos meses, incluso, en el mes de septiembre, en el Plan de Contingencia para el ahorro energético se añadieron a medidas para acelerar la transición energética.
“Simplificaremos la transición no solo del autoconsumo, que este año se multiplicará por 10 por la capacidad instalada desde el fin del impuesto al sol, sino también de los casi 150 GW renovables que han solicitado construirse en el país”, así afirmó en su momento la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
“Sabemos que hay un cuello de botella en las Administraciones, pero sobre todo en las aprobaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental”, así respondía. “Y todas las comunicaciones autónomas son conscientes de esta problemática que dificulta la aceleración de la transición energética”.
La secretaria de Estado de Energía, es conocedora del callejón sin salida, o se aceleran los trámites administrativos o en enero se cancelarán más de 100 GW que esperan ser construidos.
En el año 2021, en el mes de diciembre, el último Consejo de Ministros del año permitían la avalancha de solicitudes de permisos de acceso y conexión para energías renovables. Además, se permitía la devolución de los avales a los promotores que retirasen en el plazo de un mes los proyectos que no sean viables.
“Debido a los plazos que establece el RDL 23/2020, si no se toman medidas en el corto plazo, podría ponerse en riesgo la pérdida no solo de proyectos, sino que se frenará la inversión, se generará menor empleo y habrá una pérdida de competitividad de exportaciones industriales”, indicaba un análisis realizado por Monitor Deloitte junto a EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy.
De igual forma, lo señalaba el análisis La actividad de promoción de generación renovable en España, preparado por Deloitte y publicado por Fundación Naturgy. “A cierre de febrero del 2022 contaban con permiso de acceso 145 GW. De ellos, 42 GW eran proyectos eólicos y 103 GW fotovoltaicos”.
Y de los puntos de conexión, a los concursos de acceso. “El 31 de este mes de diciembre se van a caer unos 1.500 MW porque el Gobierno central no convoca los concursos de puntos de conexión a la red eléctrica, y no podemos continuar con nuestros proyectos”, manifestaba Beatriz Mato, directora de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Greenalia, en el VI Congreso Nacional de Energías Renovables de APPA Renovables.
Ante este escenario, España está dejando de ser atractiva para los inversores en proyectos renovables, pero podría haber luz al final del túnel.
El Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea ha accedido hace una semana una de las medidas más ansiadas por el sector renovables español: el permitting, un marco temporal para agilizar el proceso de concesión de permisos y el despliegue de proyectos de energía renovable.
La nueva normativa constituye plazos máximos para la concesión de permisos de equipos de energía solar, por ejemplo, el proceso de concesión de permisos no podrá superar los tres meses.
Siguiendo el principio de “silencio positivo”, la solicitud se tendrá que dar por aceptada en cado de que la autoridad competente no responda antes de la fecha límite. Fuera de estas áreas, el proceso de apresuración no debe superar los 18 meses.
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