Los abogados de las empresas afectadas por el recorte de primas a las renovables sugieren una solución. España debe 1.562 millones y ha gastado 71 millones en defensa legal.
Inversores ofrecen reinvertir indemnizaciones en España para solucionar disputas legales
Los inversores afectados por los recortes a las primas de las energías renovables han propuesto varias soluciones para resolver las disputas legales que el Estado español se niega a pagar o intenta anular. Una de las principales opciones es que las empresas cobren las indemnizaciones pendientes con el compromiso de reinvertir el dinero en España, fortaleciendo así el sector de las energías renovables en el país.
Esta propuesta fue presentada este jueves en Madrid por un grupo de abogados internacionales durante la ‘III Conferencia internacional sobre energía renovable, inversión y seguridad jurídica’. La comitiva estuvo liderada por Nick Cherryman, socio del bufete Kobre & Kim LLP de Nueva York; Nikos Lavranos, fundador de NL Investment Consulting de Holanda; y Lena Sanderb, socia del despacho Gibson, Dunn & Crutcher LLP de California.
La propuesta ya cuenta con el respaldo de muchas de las 26 empresas que esperan el pago de indemnizaciones, representando el 80% del total adeudado por España, que asciende a casi 1.562 millones de euros solo en laudos. Además, el Estado debe pagar 198 millones en intereses de demora y 80 millones en costas judiciales, sumando un total de unos 1.840 millones de euros. Entre las compañías afectadas se encuentran RWE, Renergy, Triodos, Nextera, Cube, Soles Badajoz y Eurus.
Acciones legales y costos judiciales
La Abogacía del Estado ha gastado aproximadamente 71 millones de euros en bufetes para su defensa y ha solicitado multas superiores a 250.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los abogados de RWE que intentaron registrar el laudo de la compañía alemana en Estados Unidos. Ante la negativa de España a resolver las reclamaciones, los inversores han comenzado a exigir medidas punitivas contra el país en tribunales de Reino Unido, Australia y Estados Unidos.
Las empresas están instando al Gobierno a negociar para poner fin a este prolongado conflicto. Hasta la fecha, se han resuelto 33 de los 50 casos, con España perdiendo 26 de ellos y anulando tres. Según el Ejecutivo, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la Unión Europea y podrían constituir una ayuda estatal ilegal, incompatible con el mercado interno. Por ello, España debe notificar cualquier laudo a Bruselas antes de realizar pagos.
Reclamaciones y embargos
Los inversores reclaman alrededor de 10.000 millones de dólares (9.240 millones de euros), aunque se espera que el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.310 millones de euros) una vez se resuelvan todos los casos. No obstante, la cifra podría aumentar debido a los intereses de demora si no se pagan las indemnizaciones.
Las empresas confían en seguir litigando gracias a las sentencias favorables recientes, pero su prioridad es alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Los arbitrajes han resultado en embargos cautelares de activos soberanos de España en Reino Unido, incluyendo la sede del Instituto Cervantes en Londres y otros inmuebles. También se ha intervenido parcialmente el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del barco petrolero Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
Protección internacional
En Australia, la Corte Suprema ha emitido una sentencia que avanza en procesos similares para compensar a las empresas demandantes. En Estados Unidos, casi una decena de denuncias están en trámite. La justicia estadounidense ha cuestionado la defensa de la Abogacía del Estado para evitar el pago de los laudos.
Estas denuncias se basan en los derechos y garantías de varios tratados internacionales de inversión firmados por España, como el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, así como diversos acuerdos bilaterales de inversión.
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