En el marco de la operación “Burlao”, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Dependencia Regional de Inspección de Valencia, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA de hidrocarburos y al blanqueo de capitales. El fraude a la Hacienda Pública podría ascender a mas de 25 millones de euros.
La operación incluye 21 registros en siete provincias españolas. Además, de forma simultánea y coordinado por Eurojust (el órgano de la Unión Europea dedicado a reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros), se ha procedido a la detención de dos personas en Portugal y se han llevado a cabo tres registros en Italia y otro en Portugal.
Desde la Benemérita apuntan que la investigación que ha culminado con este operativo se inició hace un año por parte de la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, fruto de la cual se desveló “una presunta organización criminal con una profunda inserción en el sector de los hidrocarburos, menoscabando la actividad mercantil en ese sector estratégico que provocaría la expulsión de otros operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas desplegadas por la organización criminal, desvirtuando el mercado”.
Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, enumeran desde la Guardia Civil.
En la operación que ha tenido lugar a lo largo de la mañana de hoy, 14 de diciembre, han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de Europol, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).
Las diligencias permanecen secretas y no se descartan nuevas actuaciones. Las investigaciones están dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de los de la Audiencia Nacional, coordinándose con las agencias europeas Eurojust y Europol.
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