Estados Unidos retira las licencias petroleras otorgadas a Venezuela debido a desacuerdos electorales, especialmente el veto a María Corina Machado. La tensión entre ambas naciones aumenta, amenazando con consecuencias económicas y medidas de represalia.
Estados Unidos ha comunicado su decisión de no renovar las licencias para la explotación de petróleo y gas otorgadas a Venezuela, las cuales estaban condicionadas a la apertura democrática del país. Aunque inicialmente Washington había dado hasta abril para que el chavismo levantara el veto a la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales, la firmeza mostrada por el presidente Nicolás Maduro y sus seguidores respecto a la inhabilitación de la líder opositora ha llevado al Departamento de Estado a declarar que la tregua entre ambos países está en peligro.
A pesar de que la medida es prácticamente irreversible, ya que el chavismo sostiene que el veto a Machado es inamovible, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que Caracas tiene hasta la primavera para cumplir con el compromiso de garantizar elecciones libres y justas. La expiración de las autorizaciones a empresas petroleras para negociar con Venezuela, programada para el 18 de abril, ha generado incertidumbre en el sector, dado que las expectativas de una posible prórroga se han desvanecido tras la respuesta contundente de Washington.
Venezuela ha respondido rápidamente acusando a Estados Unidos de chantaje, utilizando la misma lógica transaccional que se empleó en las negociaciones para encontrar una salida democrática a la prolongada crisis política del país sudamericano. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha advertido que los vuelos de deportación de migrantes desde Estados Unidos a Caracas serán suspendidos como contramedida ante una posible intensificación de la agresión económica contra Venezuela.
La fecha del 13 de febrero se destaca, ya que según una actualización del Tesoro estadounidense, en ese momento expirarán las primeras licencias relacionadas con transacciones vinculadas al oro venezolano. Estados Unidos argumenta que las acciones de Nicolás Maduro, incluido el arresto de opositores y la prohibición de candidatos en las elecciones presidenciales, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado. Se hace hincapié en la necesidad de regresar a esos acuerdos, mientras que el chavismo insiste en que los está cumpliendo, generando así un estancamiento en el conflicto.
A pesar de alcanzar algunos objetivos parciales, como la entrega de Alex Saab, aliado del Gobierno venezolano, y el alivio temporal de las sanciones, el chavismo ha ofrecido concesiones difusas a la oposición y se ha vuelto a atrincherar. La situación vuelve a acercarse a un punto muerto, con el riesgo de cerrar la interlocución directa lograda entre Washington y Caracas tras conversaciones secretas en Doha.
Ante esta coyuntura, la República Bolivariana de Venezuela ha condenado los «intentos de chantaje e intromisión» por parte de Estados Unidos, considerándolos un ultimátum contra la sociedad venezolana. La respuesta del canciller venezolano Yvan Gil resalta la intención de imponer el golpismo y desestabilizar la economía del país.
En cuanto a la industria petrolera venezolana, que ha buscado recuperarse de años de falta de inversión y corrupción, enfrenta nuevos desafíos con el retorno de las sanciones. PDVSA asegura estar preparada para cualquier circunstancia, pero también advierte que las medidas tomadas por Estados Unidos tendrán consecuencias en sus inventarios de crudo, que se encuentran en niveles bajos. Aunque la producción de petróleo ha experimentado una ligera recuperación, el país sigue enfrentando una situación económica crítica con la contracción del consumo y la persistente inflación.
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